El 27 de junio de 2023, el gobierno dominicano, un estrecho aliado del régimen de apartheid israelí, informó de la firma de un convenio con la empresa Mekorot para la elaboración de un plan de gestión del agua en la República Dominicana. El anuncio fue rechazado por la Red Socioambiental, que agrupa a algunas de las principales organizaciones ambientalistas del país. La Red planteó que ya existía un Plan Hidrológico Nacional y un diagnóstico en el que trabajó por dos años la Mesa del Agua, con la participación de la Academia, la sociedad civil y técnicos especializados del gobierno.El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo firmó en 2021 un acuerdo de cooperación con la embajada de Israel que se utilizó como base para el contrato con Mekorot.

Ambientalistas y organizaciones de izquierda recordaron que este convenio con Mekorot se anuncia en el marco del intento del gobierno de imponer una nueva Ley del Agua de orientación privatizadora, que pretende legitimar y profundizar la práctica de conceder concesiones a empresas privadas para la gestión del agua. En la República Dominicana la mayoría de la población tiene un acceso limitado al agua corriente en sus viviendas y el agua que llega por tuberías no se puede beber, lo cual implica enormes gastos en la adquisición de agua potable embotellada para los hogares más pobres. Mientras tanto, la megaminería, a cargo de empresas principalmente canadienses y chinas, como Barrick Gold y Shenchen Zhongjin Lingnan Nonfemet, consume millones de galones diarios de agua. El uso ineficiente de agua en la agricultura por parte de grandes terratenientes también representa una importante pérdida de este recurso.

El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) alertó que la empresa Mekorot ha sido denunciada internacionalmente por su rol en el robo del agua al pueblo palestino, la destrucción de sus pozos para impedirle acceder a fuentes subterráneas y la aplicación de brutales racionamientos, como parte de las políticas sionistas de apartheid. A fines de julio, un mes después del anuncio oficial del acuerdo, la Red Socioambiental impugnó ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), el contrato entre el Estado dominicano y Mekorot, por violar la la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, exigiendo su anulación. Se denunció asimismo que el contrato con Mekorot está plagado de cláusulas de confidencialidad y no publicidad para mantener en secreto el contenido del acuerdo.